CRISIS DEL ESTADO BENEFACTOR




FINCH, H. La economía política del Uruguay contemporáneo 1970-2000.
El estancamiento económico implicó para el Uruguay batllista un duro golpe. Inició el proceso que conduciría a la crisis política de 1973. Si hubiese sido posible mantener la tasa de crecimiento del ingreso real per cápita de 2 o 3% anual hasta más allá de mediados de la década del 50, el inicio de la crisis pudo haberse postergado. El sistema político imperante rara vez postuló la necesidad de un crecimiento sostenido. Sin embargo, las políticas redistributivas de posguerra –aunque no fuesen conducentes para lograr el desarrollo- debían tener como premisa indispensable el crecimiento global de la economía al igual que sus antecesoras de la época de Batlle y Ordóñez.  Las reacciones de la clase política frente a la situación económica revisten, por lo tanto, un gran interés.                                                        
 La estrategia económica que comenzó a ser implantada a fines de los 40´no fue objeto de mayores revisiones en toda la década siguiente. La distorsión de la economía, que ya era evidente hacia 1955, no había asumido todavía caracteres que hicieses irresistible el reclamo de un cambio ni era tan grave para que sus efectos más notorios pudieran ser subsanados por medidas parciales.
La política económica de los colorados llegó finalmente a su término al implantarse la Reforma Monetaria y Cambiaria en diciembre de 1959.  La oposición se había incrementado a partir de 1957 y estaba siendo aprovechada por el sector exportador rural, cuya capacidad para provocar crisis cambiarias a través de la retención de su producción o el contrabando a Brasil socavaba aún más las bases de la economía. El descontento de los productores rurales encontró expresión en la Liga Federal de Acción Ruralista, cuya decisión de apoyar el lema del Partido Nacional en las elecciones de 1958 resultó un factor decisivo para la derrota colorada.
 
Benito Nardone 1906-1964. Conocido como Chicotazo por su programa radial y lider de la Liga Federal de Acción Ruralista
FREGA, Ana. “Como el Uruguay no hay”. Apuntes en torno al Estado en los años cincuenta y su crisis
CRISIS Y PROYECTO “LIBERALIZADOR”.
Como en otras épocas de la historia del país, la bonanza de los años de inmediata posguerra fue una “prosperidad frágil”. Al cabo de 10 años se habían agotado las reservas acumuladas en el periodo de guerra.  El estancamiento tecnológico-productivo en el mundo rural, denunciado con fuerza al promediar los 40´, no había sido superado, y el Instituto Nacional de Colonización –finalmente creado en 1948- no contaba con las herramientas ni con los recursos necesarios para revertirlo.  El crecimiento industrial que había registrado un índice del 8,5% anual entre 1945-1954, estaba limitado por la necesidad de divisas para la adquisición de insumos y por la estrechez del mercado interno, al que mayoritariamente destinaba su producción.   En forma paralela al estancamiento producción crecían las actividades especulativas (operaciones inmobiliarias, acopio de mercaderías, compra-venta de moneda extranjera)  y la “fuga de capitales”; junto con ello se expandieron las actividades bancarias, tal vez las únicas que crecieron en el período de crisis abierto en 1955.[1]                                                                                                                                                             Las manifestaciones sociales y políticas de la crisis que comenzaba no tardaron en hacerse evidentes. Inflación y desocupación pasaron a ser vocablos corrientes.  Los mecanismos de absorción de tensiones –a la vez que insuficientes- a través del empleo públicos o las jubilaciones, y quienes ocupaban cargos de dirección de tales organismos exigían el aporte de recursos en detrimento de un plan global de recuperación económica.  Tres anotaciones de Finch contribuyen a aclarar el alcance de la situación: el empleo público creció 2,6% anual frente a un 0,9% del privado entre 1955 y 1961; las jubilaciones y pensiones aumentaron a un ritmo del 5,9% anual y las inversiones del sector público, por el contrario, declinaron en términos reales a razón de un 3,5% anual.
Aquel “país de excepción” se iba asemejando, a pasos agigantados, a uno más de América Latina., subdesarrollada y dependiente.   La mayor dificultad estribaba en la búsqueda de salidas nuevas.  El sobredimensionamiento estatal al cual se había confiado la satisfacción de las demandas provenientes de todos los sectores sociales, aparecía ahora en el banquillo de los acusados.  Percibido como una “entidad externa” a la sociedad, se lo responsabilizaba de los problemas y se le exigía el aporte de recursos y soluciones.  Las causas de la crisis, vinculadas a la productividad y a la inserción dependiente del país en el mercado mundial, no aparecían en la superficie y en definitiva, se seguía esperando la solución del Estado.                                                                                                                    Hacia 1958 la conformación de la alianza herrero-ruralista (Partido blanco) fue ganando terreno como propulsora de un modelo “alternativo”.   A  partir de un acuerdo para impulsar un proyecto de reforma constitucional[2], el herrerismo ofreció su lema para que el ruralismo presentara sus candidaturas.
El proyecto era sencillo: aceptar la división interna del trabajo y, con ello, abandonar la protección a las “industrias artificiales”.  En su lugar se promoverían aquellas “básicas y económicamente rendidoras”, junto a una “formulación integral de fomento para la campaña”. Esto a su vez, incentivaría las exportaciones, cuyo nivel debía marcar el ritmo de las importaciones, cuyo nivel debía marcar el ritmo de las importaciones.  Para ello se establecerían la libertad de cambios y la libre comercialización de los productos agropecuarios.
El lema keynesiano de “distribuir para crecer” debía ser sustituido.  Las explicaciones sobre la inflación se inspiraban en las concepciones fondomonetaristas: el problema era una excesiva demanda frente a una reducida oferta. De allí que se planteara el estímulo al ahorro, la revisión de la ley de Consejos de Salarios y la realización de ajustes y economías en el Presupuesto.   Además, el intervencionismo estatal era visto como un “despotismo administrativo”. En su discurso de asunción del mando, M. Echegoyen llamaba a defender la democracia del peligro de la totalización del Estado hecha en nombre de la seguridad y la justicia.                                                                                                                                                        El peso de la administración en la mediación de los conflictos provocaba la burocratización de la vida política desvirtuando la capacidad reguladora del mercado.                                                    El proyecto “liberalizador” suponía entonces:
a)                   el abandono del modelo ISI por una acción abierta cuya base fueran las exportaciones  agropecuarias
b)                   el repliegue del Estado en la regulación de las relaciones laborales
c)                   en el plano político, una mayor presencia de los “técnicos” en la formulación de propuestas.

El Estado intervencionista mostraba sus límites en tono al proyecto  industrializador (frenado por el control que los sectores agroexportadores mantenía por medio del sistema financiero) y al deterioro de su capacidad de articular intereses sociales contrapuestos. Como sostiene Manuel Villa para América Latina toda, “por esa puerta se coló el neoliberalismo”.
En ese “sociedad amortiguadora”, los cambios no se produjeron abruptamente.  No hubo un suicidio político como el de Getulio Vargas en Brasil o una “Revolución Libertadora” como la que derrocó al peronismo en Argentina, que terminaron violentamente con los reformismos populistas de esos países.     Las soluciones se buscaron en la vía electoral, un proyecto de reforma constitucional que  suprimiera el Colegiado y la reunificación del Partido Nacional en alianza con el Ruralismo postulando el abandono de las políticas estatistas, se presentaron como las salidas.   La reforma no alcanzó los votos suficientes,  pero el triunfo del Partido Nacional (1958) y, dentro del él de la alianza herrero-ruralista marcaron la dirección de los cambios.  Las duras críticas a la situación social y económica provenientes de diversos sectores del espectro político, derivaron en el triunfo de una opción conservadora.
Tampoco aquí la transformación fue brusca. El sector  exportador volvía por sus fueros, pero en un país de base fundamentalmente urbana.  La Reforma Monetaria y Cambiaria aprobada en diciembre de 1959 supuso efectivamente un 1º paso hacia la liberalización del régimen cambiario.  Pero se establecieron las “detracciones” a ciertas exportaciones y los “recargos” a la importaciones  de determinados artículos, fijados ya no por una Comisión con participación de las gremiales involucradas, sino por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de fuerte influencia neoliberal debió enfrentarse a numerosos frenos y bloqueos impuestos desde diversos ámbitos de la sociedad: la presión del movimiento  sindical contra una propuesta que tendía a reducir los ingresos de los trabajadores;  el veto de los industriales cuya actividad  se había desplegado al amparo del proteccionismo; los intereses electoralistas al interior de los partidos y la inercia de los tradicionales mecanismos de satisfacción de demandas particularizadas, constituyen algunos ejemplos.
La imagen “triunfalista” y “satisfecha” de los 50´se fue borrando en la década siguiente al compás de la crisis, la conflictividad social y los intentos, guiados por las directivas neoliberales, de desmontar el Estado intervencionista.



[1] En 1954 había 30 instituciones bancarias y 5 años más tarde, en 1959, eran ya 45 los bancos que operaban en el país
[2] El herrerismo se recuperó rápidamente del descrédito que contribuyó a su aislamiento en el golpe de Estado de 1942. Ya en 1946 fue el candidato más votado. El Ruralismo, aparecido como mov. gremial hacia 1945, constituyó la Liga Federal de Acción Ruralista bajo el liderazgo de B. Nardone en 1951. En 1954 había exhortado a sus adherentes nacionalistas a votar a Herrera y a los colorados que lo hicieran por la “15”.
La alianza originalmente incluía un sector colorado liderado por A. Demicheli y el Gral. Juan P. Ribas.


EJERCICIO:
1.       Primeramente, ¿qué nos dice sobre la situación del país a fines de los 50?
2.       ¿Cómo describe la situación industrial?
3.       ¿Que sucedía con el país de la excepción y quién traería la solución?
4.       ¿Cuáles son las medidas propuesta por los blancos en 1958?
5.       ¿Cómo reacciona Uruguay frente a los cambios político económicos ocurridos en América Latina?
6.       Tras el paso a las políticas neoliberales:
a.       ¿Cuáles fueron las principales transformaciones?

b.      ¿Cuáles fue la principal consecuencia?


Huelga en Juan Lacaze 1963
Movilización estudiantil en Montevideo 1968

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Danilo Astori (economista) “Estancamiento, desequilibrios y ruptura. 1955 – 1972”. 
La población además de su magnitud reducida, es temprana la extinción de los habitantes nativos y las corrientes migratorias posteriores determinaron la rápida conformación de una población europeizada. Al mismo tiempo, el proceso de urbanización fue acelerado y, en particular la expansión de Montevideo fue otra de las connotaciones salientes: a comienzos del S. XX, casi la mitad de la población era urbana y alrededor del 30% vivía en Montevideo.
De esta forma, se vino conformando una estructura social de características bien específicas. Surgió asociada con pautas culturales e ideológicas que resultaron fundamentales en el nacimiento del proceso político batllista, que a principios del S. XX logró consolidar la presencia del Estado en la vida económica del país.  Apoyado en una alianza de clases de naturaleza urbana, que excluía a ganaderos, limitó el poder político de estos últimos, implanto mecanismos de redistribución progresiva del ingreso, nacionaliza sectores importantes, promovió una profundización de la diversificación de la estructura producción ya iniciada a fines del S. XIX, y materializó un conjunto de reformas en ámbitos social básicos como los de la salud, la vivienda y la educación.
Apareció así un Estado precozmente intervencionista y con un perfil ideológico predominantemente urbano. Se gestó así una contradicción vigente durante el transcurso de la historia posterior: la clase generadora del excedente no monopolizaba el poder político, sino que tenía que compartirlo con el Estado, que a su vez representaba un acuerdo tácito de los grupos urbanos.  Así, el límite que el Estado impuso a la realización del excedente de los ganaderos, permitió financiar la expansión de actividades manufactureras urbanas y el crecimiento de determinados rubros agrícolas.
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