CAMINO DEMOCRÁTICO A LA DICTADURA:


AMÉRICA LATINA: LA ÉPOCA DE LAS DICTADURAS MILITARES.                                                          Josep Fontana “El siglo de la Revolución”

               Después de 1961, tras el fracaso de la operación de Kennedy[1] contra la Cuba castrista[2], Estados Unidos optó por establecer alianzas permanentes con los militares latinoamericanos, a los que proporcionaba armas y apoyo.   Se organizaron cursos para ellos en las escuelas militares del norte, y sobre todo en la conocida como School of the Americas, en que se formaban jefes militares y de policía para los países del sur.
El cambio más importante fue, sin embargo, la creación de grupos paramilitares de contra insurgencia que podían actuar sin ninguna limitación formal. En algunos casos se partió de una alianza con grupos ya existentes, como los paramilitares de Colombia, que habían nacido al servicio de los terratenientes, pero que iban a ser usados por Washington en la guerra contra la izquierda.   En otros, como en América Central, estos grupos fueron creados por la colaboración de los ejércitos locales con instructores norteamericanos. A diferencia de los países de América Central y del Caribe, sometidos a una
injerencia constante, los dos grandes países andinos, Colombia y Venezuela, alcanzaron una cierta estabilidad política a partir de los años sesenta, con una fórmula basada en la alternancia pacífica de dos partidos que representaban, más o menos verosímilmente, a la derecha tradicional y a una izquierda liberal, con el apoyo del ejército para mantener a raya a los disidentes. Con ello se buscaba evitar el riesgo de que la continuidad de dictaduras como la de Rojas Pinilla en Colombia (1953-1957) o la de Pérez Jiménez en Venezuela (1952-1958) pudiera acabar desencadenando una protesta social incontrolable.   Más complejo era el caso de los grandes países del sur, con partidos de izquierda importantes y unos sindicatos poderosos. Países en que, como se demostró en Chile, la izquierda podía llegar al poder a través de unas
elecciones democráticas. Para hacer frente a estas amenazas se necesitaban dictaduras militares que contasen con un amplio apoyo económico de Estados Unidos, con el fin de que pudieran presentarse como alternativas de modernización.
La secuencia de estas dictaduras comenzó en 1964 en Brasil, donde el gobierno de los militares duró 21 años, hasta 1985. Al principio se mostraron relativamente moderados, en la etapa de gestión de Castelo Branco (1964-1967), que gobernaba con el pleno apoyo de los empresarios industriales de São Paulo; pero a medida que la izquierda comenzó a responder con la guerrilla urbana, la represión se fue endureciendo y se extendió de los trabajadores sindicados, que fueron su primer objetivo, a los estudiantes y a una parte de los miembros de la propia burguesía.
De 1967 a 1973 se desarrolló el llamado «milagro económico brasilero», caracterizado por unos años de crecimiento del PIB a un ritmo del 10 % anual, que dieron un fuerte impulso a la industrialización y sirvieron para consolidar a los militares en el poder.  Pero a medida que la situación económica empeoraba, como consecuencia de factores como el
encarecimiento del petróleo (el Brasil importaba entonces un 73 % del que consumía), se fue desarrollando un proceso de endeudamiento y una inflación galopante que hicieron la situación insostenible. En su conjunto, sin embargo,
estos fueron años de modernización de la economía y la sociedad brasileñas, que sentaron las bases de su desarrollo posterior.  En Bolivia hubo dieciocho años de dictadura (1964-1982), en que los peores fueron los del general Hugo Banzer, de 1971 a 1978, en que se generalizaron la tortura y el asesinato.    En Perú, tras el derrocamiento de
Velasco Alvarado en 1975, se registró un largo período de crisis social y violencia, que culminaron en las invasiones de tierras por las comunidades campesinas de Puno y en la aparición del movimiento Sendero Luminoso.                                                                                                                                                                  En Chile es donde aparece con más claridad la responsabilidad norteamericana en el triunfo de las sangrientas dictaduras del cono sur. Las intromisiones para impedir el triunfo electoral de la izquierda habían comenzado ya en la época de Kennedy, cuando se financiaron operaciones encubiertas de propaganda y se utilizaron fondos secretos para apoyar al Partido demócrata cristiano y a Eduardo Frei, que fue presidente de la república de 1964 a 1970.  El auge de la izquierda, dirigida por Salvador Allende, alarmó a Nixon, que el 15 de septiembre de 1970 ordenó a la CIA que organizase un golpe militar en el caso de que no se pudiera evitar que Allende ganase las elecciones chilenas al frente de la coalición de la Unidad Popular.  Algo que Kissinger[3] justificaba con estas palabras: «No veo por qué hemos de quedarnos mirando cómo un país se hace comunista por la irresponsabilidad de sus habitantes».   Las notas manuscritas de las instrucciones de Nixon[4] que tomó Richard Helms, el director de la CIA, afirman que «el presidente Nixon ha decidido que un régimen Allende en Chile no es aceptable para Estados Unidos» y que la agencia debía impedir que llegase al poder, o derribarlo, si fracasaba en este intento.  Tras unos años de acoso económico, de campañas de propaganda hostil y de conspiraciones frustradas, el triunfo de Allende en las elecciones de 1970 decidió a Nixon y a Kissinger a dar apoyo al golpe militar que se inició el 11 de septiembre de 1973, en el que Salvador Allende encontró la muerte en el palacio de La Moneda, sede de la presidencia.      Las relaciones de los conspiradores con Estados Unidos se mantuvieron inicialmente por medio de contactos personales, porque, dado el carácter sangriento de la represión que siguió, los norteamericanos pretendían parecer ajenos a unos crímenes de los que habían sido instigadores y cómplices. Aunque la Junta cifraba en 244 las muertes producidas por el golpe, la CIA calculaba en los primeros momentos que podían haber sido unas 4.000 (el número de las víctimas de la dictadura a lo largo de toda su gestión oscila entre 5.000 y 15.000 muertos).   Aparte de estos crímenes, la dictadura chilena dejó como legado una economía destrozada por los experimentos de un neoliberalismo ortodoxo y el desastre del sistema de pensiones privadas que condena hoy a los jubilados chilenos a la pobreza. El general Augusto Pinochet se mantuvo en el poder como presidente de la república, de acuerdo con una nueva constitución aprobada en 1980, con un mandato que concluía en 1989 y que no podía renovarse a menos que lo autorizara un plebiscito.  Se convocó este plebiscito en 1988, con la intención de garantizar al dictador que siguiese en el poder hasta 1997, pero el resultado fue negativo y sus propios colegas militares le obligaron a aceptarlo y a permitir que se eligiera como presidente al democristiano Patricio Aylwin y que se iniciase un complejo proceso de transición hacia la democracia.
En Argentina los movimientos militares se habían iniciado en 1955, como consecuencia del enfrentamiento del ejército contra el peronismo, lo que dio lugar a un período en que los presidentes
elegidos —Arturo Frondizi (1958-1962), Arturo Illia (1963-1966)— veían interrumpidos sus mandatos por golpes militares intermitentes, que se consolidaron a partir de 1966, cuando el general Juan Carlos Onganía optó por asentar una dictadura estable, que se mantuvo hasta 1973, cuando unas elecciones permitieron un regreso fugaz del peronismo[5], en unos años de caos político y violencia, a los que puso fin un nuevo golpe militar, el 24 de marzo de 1976.  Se instaló entonces una Junta integrada por los generales Videla y Agosti y por el almirante Massera, con Videla en funciones de presidente, que inició una etapa de feroz represión destinada a exterminar a los enemigos del orden establecido, tal como lo planteaba el general Ibérico Saint-Jean, gobernador de Buenos Aires: «Primero mataremos a los subversivos; después a sus colaboradores; después... a sus simpatizantes; después... a los que permanezcan indiferentes, y, finalmente, a los tímidos».  Kissinger intervino de inmediato para pedir que se aumentara la ayuda económica a la Argentina. Cuando el secretario adjunto de Estado para América Latina le dijo que era mejor que de momento se mantuvieran al margen, porque iba a haber una dura represión «no sólo contra los terroristas, sino contra los disidentes de los sindicatos y los partidos», Kissinger replicó que, de todos modos, él quería animarlos, porque no deseaba que se sintiesen «hostigados por Estados Unidos». El 10 de junio, en una entrevista en Chile
con César Guzzetti, ministro de Asuntos exteriores de la Junta argentina, Kissinger le dijo que comprendía que estaban obligados a «restablecer la autoridad» y le aconsejaba que lo que hubieran de hacer «debían hacerlo cuanto antes».
   Los secuestrados, desaparecidos y muertos por el terror militar en la «guerra sucia» que se desarrolló entre 1976 y 1983 se calculan en más de veinte mil, los presos políticos eran unos dieciocho mil y los exiliados, incontables. Una comisión investigadora de la OEA que visitó Argentina en 1979 acusó al régimen de «terrorismo de Estado».




[1] Presidente de Estados Unidos desde 1960 a 1963 cuando se asesinado en Dallas.
[2] Desde 1959 Cuba era gobernada por Fidel Castro tras derrocar al dictador (títere de EEUU) Batista. EEUU intento recupera la isla en 1961.
[3] Secretario de Estado (ministro de Relaciones Exteriores) de EEUU durante los años 1973 a 1977.
[4] Presidente de Estados Unidos desde 1969 hasta 1974 cuando debe renunciar.
[5] Juan Domingo Perón asume el poder después de un largo exilio, con su nueva esposa María Estela Martínez de Perón como vicepresidenta. Perón muere el 1 de junio de 1974 quedando su esposa como Presidenta hasta el golpe militar en 1976.
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TERRORISMO DE ESTADO en Uruguay

 “…la desaparición forzada de personas en el Uruguay se remonta tempranamente a 1971 y 1973 –antes del golpe- aunque es bajo la dictadura que dicho método se incorpora definitivamente como practica sistemática de las fuerzas de seguridad del Estado.  De 172 personas detenidas desaparecidas, 145 desaparecen entre 1975 y 1978.   El fenómeno de la desaparición forzada de personas y el carácter grupal o colectivo que asumió el mismo, sin dudas (…) inaugura la etapa de abierto terrorismo de Estado en Uruguay. 
“…la categorización en ciudadanías de tipo A, B y C de cerca de 300.000 uruguayos, la expansión de las formas de vigilancia policial y militar a los más variado ámbitos de la sociedad uruguaya: enseñanza, cines, teatros, libros, conferencias, carnaval, juegos deportivos, iglesias, denuncias de particulares, movimiento de personas extranjeras, determinan la tendencia al Estado total, un ejercicio del poder estatal que se expande a todos los ámbitos de la vida humana, incluso sobre los cuerpos y las formas de conciencia.
Esa tendencia totalitaria de la dictadura uruguaya o de abierto terrorismo de Estado se institucionaliza definitivamente las formas clandestinas del Estado uruguayo y las formas no convencionales de la guerra interna transformada en “guerra sucia”.  Se trata de una especie de doble faz, una publica y otra clandestina, que configuran un único aparato estatal, el Estado terrorista”.                                                       Álvaro Rico en “La dictadura Cívico-Militar, Uruguay 1973-1985

Según A. Rico, ¿cómo describirías el terrorismo de Estado en Uruguay?
Mando militares golpista entrando al Parlamento disuelto. 27 de junio de 1973

“La primera fase del sistema de coordinación establecido en Santiago consistía en centralizar la información sobre movimientos guerrilleros, grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y otros enemigos reales o supuestos de los gobiernos involucrados (…) La segunda fase consistía en identificar y atacar a estos enemigos políticos a nivel regional; el grueso de las acciones de la operación Cóndor corresponde a esta etapa.   La tercera fase apuntaba a encontrar y eliminar personas en otros países de América y Europa y a establecer lazos con organizaciones de extrema derecha”.                                                                   V. Markarian en “La dictadura Cívico-Militar, Uruguay 1973-1985
1.       Define con una palabra cada fase del plan Cóndor.
2.       Buscar las fechas de los golpes de Estado en América del Sur pos 2° Guerra Mundial


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“Las dictaduras son la negación de la política y se caracterizan por eliminar toda forma de disenso.  Son la reducción de la polifonía a una única voz e incluso al silencio.  El silencio se revela como la forma de más rudimentaria de escape y supervivencia. De ahí que el punto de inflexión de la historia de las dictaduras suele encontrarse en el momento en el cual sectores importantes de la sociedad pierden el miedo, salen a la calle y hacen oír sus voces”
                                                                                  Ansaldi y Giordano en “América Latina, la construcción del orden”

“Durante la dictadura, ante las ordenes abusivas dadas por jerarcas y capataces, (…) a mí me aplicaron castigos, como realizar las peores tareas en invierno, al aire libre. Buscaban oprimirte, que te fueras del trabajo. Teníamos dos caminos: nos íbamos o tratábamos de acomodar el cuerpo de la mejor manera posible para pasarlo de la mejor manera posible (…) La mayoría tratábamos de aguantarnos los unos a los otros (…) Entre los compañeros se hablaba en clave o no se hablaba nada, bastaba con la mirada.  A veces los jefes se ponían nerviosos cuando veían que no hablábamos, porque ellos estaban esperando para que nosotros nos quejáramos.  Pero nosotros manejábamos el silencio.  Y se ponía la cosa al revés: ellos no soportaban nuestro silencio…” Testimonio citado en “Juan Lacaze, los textiles de Puerto Sauce. Memorias de trabajadores (1930-2015)” de Francisco Abella.


¿Qué relación podemos hacer entre el texto de Ansaldi y Giordano y el testimonio del obrero textil local?
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Documentales realizadas por TNU en 2013 a los 40 años del golpe de Estado (1973-2013):






CONTEXTO PREVIO AL GOLPE DE ESTADO DE 1973:
PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL
En el año 1965 la situación económica y social empeoró. En primer lugar se hicieron sentir las consecuencias de una intensa sequía que perjudicó al sector agropecuario. Por otra parte se produjo una crisis bancaria que provocó la quiebra del Banco Regional y del banco Transatlántico.
El estancamiento agropecuario. La crisis del sector agropecuario se venía arrastrando desde mediados de la década del 50. Durante el primer colegiado blanco (1958.1962) se había intentado abandonar el dirigismo estatal implantandose una política con orientaciones del liberalismo económico, pero no se había logrado salir de ese estancamiento. Durante el segundo colegiado blanco (1962-1966) se intentó aplicar el proyecto de la CIDE de orientación desarrollista, pero el resultado tampoco era bueno, más teniendo en cuenta que parte del proyecto ni siquiera se aplicó.
Del estudio realizado por la CIDE se desprendía que el crecimiento de la producción agropecuaria entre 1959 y 1961 era del 1,6% anual; se necesitarían 44 años para que la producción se duplicara. El mayor desarrollo se había dado en la agricultura para industrializar: lino, girasol, arroz, etc. En cuanto a la ganadería se había estancado la producción de ganado para carne, había crecido muy poco la producción de lana y el mayor crecimiento correspondía a la lechería. Desde hacía varias decenas de años el ganado vacuno estaba en alrededor de 8 millones de cabezas.
Cada vez era más evidente el atraso tecnológico y la mala distribución de las tierras. En Uruguay una res necesitaba entre 4 y 5 años para estar apta para faenar y la tasa de reproducción anual era de 56% (72% era en Argentina y 85% en Australia). Para obtener una tonelada de carne en el frigorífico, se necesitaba mantener en pastoreo 26 vacunos, mientras en Argentina bastaba con 17 animales. En cuanto a la tenencia de la tierra se mantenían el latifundio y el minifundio.
Los problemas de la industria.   La reforma cambiaria de 1959 le había quitado a la industria parte de la protección que recibía del estado. En 1963 la industria producía la mitad de lo que le permitía su capacidad. Había bajado la producción y por lo tanto también habían bajado las oportunidades de empleo. A haber menos empleo había menos consumo y como la industria producía para el mercado interno, descendía el consumo y en consecuencia seguía bajando la producción.
Las industrias dinámicas, que se habían desarrollado en base al proteccionismo del estado durante el neobatllismo, fueron las que tuvieron más problemas, especialmente las industrias del caucho, la metalúrgica y las de fabricación de equipos eléctricos.
En los años 60 se observan las siguientes características de la industria uruguaya:
a) en las industrias tradicionales predominaban establecimientos grandes con gran concentración de trabajadores, mientras en las industrias dinámicas predominaban los establecimientos medianos (menos de 100 trabajadores) o pequeños (menos de 20 trabajadores).
b) escasa importancia de la industria nacional en las exportaciones, con la excepción de la industria de la carne y de la lana.
c) mantenimiento de técnicas tradicionales y bajos niveles de eficiencia de las instalaciones, lo que reducía la calidad de los productos y su competitividad.
El desarrollo de los bancos y las actividades especulativas.   A partir de la reforma cambiaria impulsada por el ministro Azzini durante le primer colegiado blanco, se multiplicó la cantidad de bancos instalados en Uruguay. En 1963 había 63 bancos privados con cerca de 500 sucursales en todo el país. Esta cifra era desproporcionada teniendo en cuenta la población que tenía el Uruguay. Promedialmente había un banco cada 4.500 habitantes, mientras en Argentina había uno cada 14.000 habitantes. Además se instalaban otro tipo de negocios financieros conocidos como “casas bancarias”, cuyo funcionamiento no estaba regulado por la ley y por lo tanto carecían de control.
Gran parte de las actividades realizadas por los bancos privados y las casas bancarias giraban en torno a la especulación:
a) especulaban con la compra y venta de moneda extranjera.
b) intermediaban en la especulación de otros, otorgando créditos a los estancieros mientras estos retenían sus productos y no los exportaban presionando al gobierno para que devaluara la moneda nacional. Los grandes productores almacenaban la lana en los galpones y obtenían el préstamo para continuar sus actividades y el gobierno que necesitaba que se hicieran las exportaciones para que ingresara moneda extranjera que se volcaba al pago de las importaciones, debía ceder devaluando el peso uruguayo. De esta manera los estancieros exportadores obtenían mayor cantidad de pesos uruguayos por los dólares que recibían de su exportación. La devaluación también le servía a los bancos que especulaban con la compra y venta de moneda extranjera.
c) eran el vehículo a través del cual se producía la fuga de capitales, es decir la salida del país para invertir en otros países de dinero obtenido en la producción dentro del Uruguay. Ese dinero no se reinvertía dentro del país (por ejemplo mejorando la tecnología o pagando mejores salarios a la mano de obra calificada) sino que se enviaba a través de los bancos hacia el exterior, generalmente a depositar en lugares donde se pagaba mayor interés por los depósitos.
Las actividades especulativas sin freno en medio del estancamiento del país provocaron una crisis bancaria. En abril de 1965 uno de los bancos privados más importantes, el Banco Transatlántico, no pudo hacer frente a sus compromisos y quebró. El temor de que se produjera una corrida de los depositantes para retirar sus depósitos en otros bancos (porque a la caída del Banco Transatlántico podía seguirla la caída de otros) llevó al estado a intervenir varios bancos y establecer que el Banco República sería garantía de los depósitos hechos en los bancos privados. Los bancos permanecieron cerrados durante dos semanas para evitar los retiros de depósitos. También se establecieron mayores controles sobre las operaciones de los bancos. El resultado fue que disminuyó la cantidad de bancos, pero no la especulación que se concentró en menos manos y sobretodo en casas bancarias extranjeras con filiales en Uruguay que se vieron menos afectadas por la crisis bancaria.
Problemas sociales.  Mientras los precios subían (88% en 1965) los salarios bajaban. Tomando como base 100 en el año 1957, el salario real bajó a 80 en 1966. Mientras algunos sectores privilegiados aumentaron sus ingresos en forma permanente, otros, como las clases medias y bajas, que tenían ingresos fijos (salarios), sufrieron el impacto de la inflación. Comenzó a difundirse el trabajo “informal” al margen de la legalidad, la subocupación y el doble empleo para poder complementar los salarios bajos. En los alrededores de Montevideo se empezaron a ver asentamientos precarios, “los cantegriles”, donde proliferaba la miseria que era engrosada por la permanente migración del interior hacia la capital buscando mejores condiciones de vida.
El “éxodo rural”, traslado de población hacia las ciudades, y en el caso de Uruguay especialmente hacia Montevideo, se mantuvo y acentuó en esos años. En 1950 la población rural era el 20% de la población total del país. En 1960 había descendido al 15% y diez años después, en 1970 bajó al 11%.
La organización sindical había progresado tanto entre los obreros industriales como entre los “cuellos blancos” o sea los trabajadores de oficinas, como bancarios, funcionarios públicos, etc. A fines de la década del 50 se reinició el diálogo entre las diversas organizaciones sindicales tratando de formar una central única que reuniera a todos los sindicatos para lograr mayor fuerza en sus reivindicaciones. Esta central única se concretó en 1964 con la formación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).
En el interior y en las zonas rurales la sindicalización de los trabajadores era difícil y existía una fuerte represión realizada por los sectores patronales. Quines intentaban formar sindicatos eran despedidos y circulaban “listas negras” con nombres de sindicalistas que no eran tomados para ningún empleo. A pesar de esto se hicieron esfuerzos para lograr la organización en aquellos lugares donde se concentraban cantidades considerables de trabajadores. Un ejemplo es la creación de la UTAA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, integrada por los cañeros que trabajaban en la recolección de caña de azúcar en el norte del país. La UTAA organizó varias “marchas de cañeros” hacia la ciudad de Montevideo para dar a conocer sus malas condiciones de vida.
También los estudiantes se movilizaban a través de la FEUU, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, reclamando no sólo por todo aquello que los afectaba como estudiantes sino por transformaciones económicas y sociales. Llevaron acciones conjuntas con los sindicatos de trabajadores poniendo en práctica la consigna “obreros y estudiantes unidos y adelante”.
LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LAS ELECCIONES DE 1966
Los sectores políticos predominantes, al no hallar solución a la crisis, culparon a la constitución de los males del país y se plantearon su reforma. La población, que había recibido con frialdad la reforma anterior, la del año 1952, no sentía atracción por el sistema colegiado y lo veía como un organismo irresoluto, donde se discutía mucho y se resolvía poco. Por lo tanto desde diversos sectores políticos se impulsó la reforma de la constitución.
En las elecciones de noviembre de 1966 se presentaron cuatro proyectos de reforma, conocidos por el color de la papeleta con los que se votaba:
- la reforma amarilla iniciada por algunos sindicatos y apoyada por el Partido Comunista que proponía volver al Poder Ejecutivo unipersonal, eligiendose el presidente en hojas separadas a las de diputados y senadores, y eliminaba las medidas prontas de seguridad para quitarle poder al presidente.
- la reforma gris inicialmente presentada por el Partido Nacional y que proponía volver al Poder Ejecutivo unipersonal aumentando los poderes del presidente y limitando algunos de los derechos individuales.
-la reforma rosada presentada inicialmente por el Partido Colorado, también proponía volver al ejecutivo unipersonal y aumentaba los poderes del presidente, pero fue dejada de lado al lograrse un acuerdo entre sectores colorados y blancos que dio origen al cuarto proyecto de reforma:
- la reforma naranja que fue que obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes (el 75% de quienes votaron). La reforma establecía significativos cambios en el Poder Ejecutivo: se eliminó el Consejo de Gobierno y se volvió al sistema unipersonal, o sea un Presidente, que sería electo cada 5 años y no podía ser reelecto. Acompañaban al presidente en su actuación un ministro, varios de ellos o el Consejo de Ministros.
La nueva constitución amplió las potestades del Poder Ejecutivo. Le dio la iniciativa exclusiva para presentar leyes referidas al orden económico y financiero del país (por ejemplo para aumentar el número de empleos públicos, aumentar los gastos del estado), la posibilidad de vetar leyes aprobadas por la Asamblea General (veto que ésta podía levantar pero con 3/5 de legisladores). Además el presidente podía enviar proyectos de ley de “urgente consideración” a la Asamblea y ésta tenía un plazo perentorio para rechazarlos, sino quedaban automáticamente aprobados. También incrementó el control del poder Ejecutivo sobre los entes autónomos.
El mismo día que se plebiscitó la reforma constitucional se celebraron las elecciones para elegir presidente. Continuaba acrecentandose la división la fragmentación interna de los partidos tradicionales: los colorados presentaron cinco candidaturas a la presidencia y los blancos tres. Bajo el mismo lema, blanco o colorado, se presentaban tendencias muy distintas y hasta contradictorias.
En el Partido Colorado el sublema Unión Colorada y Batllista (ex-lista 14), llevaba como candidato a la presidencia a Óscar Gestido, general retirado que había logrado el respaldo de la opinión pública por su buena administración como director de PLUNA y de AFE. Por su parte la lista 15 postulaba a Jorge Batlle quien tenía una propuesta económica liberal alejada del tradicional batllismo y de la propuesta original del quincismo fundado por su padre Luis Batlle Berres. La lista 99 postulaba a Zelmar Michelini quien se mostraba partidario de la planificación estatal y aplicar políticas de mayor justicia social. Había otras dos candidaturas coloradas que eran partidarias de mantener el sistema colegiado del Poder Ejecutivo: Amílcar Vasconcellos y Justino Jiménez de Aréchaga.
En el Partido Nacional se presentaban como candidatos a la presidencia: Martín Etchegoyen por una alianza de ex-ubedistas, herreristas y ruralistas; Alberto Gallinal por el Movimiento Nacional de Rocha y Divisa Blanca; Alberto Heber por el herrerismo.
En los partidos de izquierda también se observó la fragmentación y el Partido Socialista concurrió a las elecciones con dos tendencias: una moderada encabezada por Emilio Frugoni y otra más radical que proponía como presidente a José Pedro Cardozo. Como en el año 1962 se presentó una coalición de grupos encabezados por el Partido Comunista bajo el lema FIDEL.
Los sectores cristianos también fueron divididos: un sector más cercano a la izquierda (el Partido Demócrata Cristiano) y otro conservador (el Movimiento Social Cristiano).
Las elecciones del 27 de noviembre de 1966 dieron ganador a Óscar Gestido, interpretandose este hecho como la búsqueda de una autoridad fuerte ( por la formación militar del candidato) y una administración seria (por sus antecedentes en la administración de PLUNA y AFE).
Gestido designó un consejo de ministros que mostraba la ambiguedad de la política a seguir; había un desarrollista como Luis Faroppa en la Oficina de Planeamiento y un liberal como Carlos Vegh Garzón en el Ministerio de Economía. El aumento de la inflación provocó movilizaciones populares y la respuesta de Gestido fue implantar las medidas prontas de seguridad, lo que significaba suspender los derechos individuales. Esto provocó la renuncia de una parte de los ministros. El 23 de octubre Gestido anunció modificaciones importantes en la economía: se designó ministro a Cesar Charlone (había sido ministro de Gabriel Terra) y se decretó una fuerte devaluación del peso. Enseguida llegó al país una misión del Fondo Monetario Internacional. Parecía que Gestido iba a incluir a Uruguay en la política económica fondomonetarista.
Pero no tuvo tiempo de ver su obra porque el 6 de diciembre de 1967 falleció, cuando apenas hacía seis meses que había asumido la presidencia.

LA PRESIDENCIA DE PACHECO ARECO (1968-1971)
Al morir el presidente asumió el gobierno el vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Este no tenía muchos antecedentes políticos aunque pertenecía a una vieja familia montevideana y entre sus familiares antecesores hubo figuras que habían ocupado importantes cargos públicos. Había estudiado Derecho abandonado la carrera y había practicado boxeo (por eso en muchas caricaturas aparece representado con guantes de box, haciendo alusión además al uso de la fuerza). En 1962 había sido electo diputado.
A la semana de asumir la presidencia Pacheco tomó medidas que adelantaba como sería su gobierno: disolvió al Partido Socialista, a la Federación Anarquista y a otros movimientos izquierdistas menores y suspendió la publicación de los periódicos “El Sol” y “Epoca” acusándolos de estar vinculados a la acción del movimiento guerrillero.
Otro paso importante fue el cambio del consejo de ministros en mayo de 1868, con la intención de reforzar la tendencia liberal y fondomonetarista. Se mantuvo a Charlone en Economía y se incorporaron figuras vinculadas a los medios empresariales como Jorge Peirano Facio, Carlos Frick Davies y José Serrato. Se aumentaba así la presencia de representantes de los sectores económicos dominantes, especialmente de la banca, capaces de tomar medidas antipopulares sin tener que rendir cuentas al electorado; al no ser políticos “de profesión” no dependían de las elecciones y no tenían que pagar “costos políticos”.
En junio se implantaron medidas prontas de seguridad con motivo de una huelga de empleados bancarios. Poco después Pacheco decretó la congelación de precios y salarios, anulando el esperado ajuste salarial que se esperaba para el día 1 de julio. En los primeros seis meses del año se había dado un gran aumento de precios que no había sido acompañada por el aumento de salarios, por lo que el congelamiento significaba una reducción salarial. Las medidas de seguridad eran para impedir las protestas ante esa rebaja. La congelación de los salarios coincidía con la postura del FMI de que la inflación era producto de una demanda excesiva provocada por el aumento de sueldos. Había que reducir las posibilidades de comprar para detener la suba de los precios. Para controlar los precios, también fijados por el gobierno se creó la Comisión de Productividad Precios e Ingresos (COPRIN). Uno de los resultados del control de precios fue que muchos productos desaparecieron de la venta al público provocando escases. Esos mismo productos se vendían clandestinamente a un precio superior (mercado negro)
¿Con qué poyo contaba Pacheco? En el Partido Colorado lo apoyaban su sector, la Unión Colorada y Batllista, y Unidad y Reforma (lista 15) sector que era liderado por Jorge Batlle, hijo de Batlle Berres. No lo apoyaban los sectores dirigidos por Zelmar Michelini (lista 99) y Amílcar Vasconcellos. Pacheco busco ampliar su apoyo en el parlamento con sectores del Partido Nacional, logrando la alianza del sector más conservador del herrerismo dirigido por Martín Etchegoyen.
Pacheco contaba también con el apoyo de los sectores empresariales que veían en el uso de la mano dura la posibilidad de frenar los reclamos de los gremios de trabajadores. Como forma de apoyar al gobierno abandonaron sus actividades especulativas para mejorar la economía y hacer de Pacheco un presidente que contara con el apoyo de la clase media que reclamaba estabilidad.
Además Pacheco buscó el apoyo de la población motivando el nacionalismo, planteando que estaba en juego la supervivencia del Uruguay ante un enemigo externo. Se presentaba a si mismo como “el defensor de las libertades amenazadas” y como el gobernante que está “solo con su pueblo”. De esta manera mostraba una imagen de conductor líder que no es político, imagen que podía ser útil en una sociedad que empezaba a mirar con desconfianza y recelo a “los políticos”.
Las medidas de Pacheco fueron volviéndose cada vez más autoritarias y contrarias a las libertades. Desde la oposición se comenzó a hablar del “pachecato”, insinuándose que el presidente gobernaba al margen de la constitución.
Entre esas medidas autoritarias se encuentran:
1) El uso permanente de las medidas prontas de seguridad que en la Constitución estaban previstas sólo para casos excepcionales (entre 1968 y 1971 se aplicaron en todo el período salvo durante tres meses).
2) Violación de los derechos humanos, uso de malos tratos y torturas según lo comprobó el Senado en un informe de 1969.
3) Limitación de la libertad de prensa: se prohibía informar de paros, huelgas y acciones de la guerrilla, y se clausuraron varias publicaciones.
4) Militarización de los funcionarios públicos (y también los privados en el caso de los bancos) para obligarlos a trabajar e impedir que hicieran huelga.
5) La intervención de organismos públicos desconociendo su autonomía. El presidente dispuso la intervención del Consejo de Secundaria y de la Universidad del Trabajo, de UTE y de AFE.
6) El uso de la fuerza policial para impedir cualquier manifestación de protesta contra el gobierno. Se fue haciendo normal que las movilizaciones sociales fueran reprimidas con cachiporras, lanza-aguas, gases y finalmente con armas de fuego. La violencia se fue transformando en algo cotidiano y a medida que se hacía más común, tanto la del gobierno como la de la guerrilla, la población comenzó a mostrarse indiferente.
El 14 de agosto de 1968 murió el estudiante Liber Arce luego de ser baleado por la policía en una manifestación. En setiembre murieron dos estudiantes más: Susana Pintos y Hugo de los Santos, mientras hacían una “pintada”. En enero de 1969 fue muerto el obrero municipal Arturo Recalde y en julio y setiembre de 1971 fueron muertos dos estudiantes más: Heber Nieto y Julio Spósito.
¿Qué actitud tomó el Poder Legislativo ante estos desbordes del Ejecutivo? El Parlamento estaba ante el dilema de reprimir la violencia de la guerrilla sin darle pie al presidente para reprimir en general. Los legisladores pertenecientes a los sectotres que apoyaban a Pacheco consideraban que si se limitaba el accionar del Poder Ejecutivo se estaba favoreciendo a la guerrilla y preferían el autoritarismo del presidente. Los sectores de la oposición se mostraban vacilantes, sobretodo del Partido Nacional. La izquierda, que tenía pocos representantes en el legislativo, intentó detener el autoritarismo del gobierno creando una Comisión de Defensa de las Libertades.
Ante la inercia de los partidos políticos y el aumento del autoritarismo del Poder Ejecutivo, se fue desarrollando, sobretodo en los jóvenes, la idea de que la fuerza podía ser un instrumento válido para hacer los cambios. Y a la violencia de un lado se le contestaba con la violencia de otro lado.
LA GUERRILLA URBANA: LOS TUPAMAROS
En los años 60 el desprestigio de la clase política aumentó rápidamente. A la incapacidad para enfrentar la crisis se agregaba la corrupción, el clientelismo (otorgar cargos públicos a cambio del voto) y los privilegios que los políticos se votaban para sí. Entre estos privilegios se encontraban un sistema de jubilaciones especiales para quienes ocupaban cargos de gobierno, una ley que otorgaba préstamos de hasta 10 salarios a los legisladores, préstamos especiales para la compra de viviendas y la famosa “ley de autos baratos” que permitía a los legisladores importar automóviles sin pagar impuestos.
La desilusión de los votantes se puede observar en el cambio de los sectores más votados en cada elección; era evidente que la mayoría desconforme buscaba un cambio: en 1954 había ganado la 15; en 1958 había ganado el herrerismo, en 1962 la UBD, y en 1966 la Unión Colorada y Batllista. El cambio se buscaba dentro de las opciones que ofrecían los partidos tradicionales.
Los sectores de izquierda que habían conformado alianzas electorales no habían obtenido todo el respaldo que esperaban. Mientras el Partido Comunista realizaba una estrategia de ir sumando voluntades a largo plazo, algunos sectores de izquierda consideraban que era necesaria una solución más rápida. El triunfo de la revolución cubana en 1959 fue un estímulo para plantearse alternativas que no pasaban necesariamente por las urnas electorales. El propio régimen cubano de Fidel Castro prometía apoyar a todos los movimientos latinoamericanos que se plantearan la lucha antiimperialista. Los partidos de izquierda de Latinoamérica, incluyendo los uruguayos, consideraban a los gobiernos locales como títeres de los intereses de EEUU, por lo tanto la lucha contra “el imperialismo yanqui” era también una lucha contra los gobiernos locales acusados de corrupción, autoritarismo, etc.
Todos estos factores, internos y externos, fueron dando forma a un movimiento que buscó los cambios mediante el uso de la fuerza: el uso de la lucha armada para conseguir el gobierno. El giro autoritario de los gobiernos del 60 les dio una justificación: ya no se podía esperar nada de las vías legales.La principal organización armada fue el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T). Su origen se encuentra en la coordinación de varios movimientos, algunos creados para el uso de la acción directa y otros para defenderse de la represión. Fue importante en su creación el sindicato de cañeros de Bella Unión (UTAA) y grupos de jóvenes que se habían separado de los partidos de izquierda. Entre estos jóvenes se encontraba quien iba a ser su máximo dirigente: Raúl Sendic. Militante del Partido Socialista y estudiante de Abogacía, se trasladó al interior con la intención de organizar a los trabajadores rurales. Allí surgió su vinculación con los “peludos”, los trabajadores de caña de azúcar del norte del país que vivían en miserables condiciones.
En una primera etapa sus actividades estaban dirigidas a conseguir armas y dinero, siendo una de sus primeras acciones el asalto al Club de Tiro de Nueva Helvecia en 1963. Pero su organización recién se concretó en 1965 y va a aparecer a la luz público en 1966 cuando tienen su primer enfrentamiento con la policía.
Los tupamaros consideraban más importante el accionar que el debate ideológico: “las ideas nos separan la acción nos une” sostenían. Por lo tanto no tenían una ideología clara y definida como era tradicional en los grupos de izquierda. Precisamente esto permitió la presencia de militantes de distinto origen (socialistas, comunistas, anarquistas, cristianos, blancos y colorados). En los primeros documentos publicados se establecía como objetivos la liberación nacional del control que hacían las empresas trasnacionales, el antiimperialismo, la solidaridad, la lucha contra la corrupción. Eran ideales típicos de los jóvenes de clase media urbana que se sintieron atraídos por esta organización. Incluso una parte considerable de la población no vio mal, que aún usando medios violentos, se descubrieran negociados y delitos económicos de las grandes empresas.
Un ejemplo del accionar del MLN-T fue el asalto a la Financiera Monty en febrero de 1969. Además de llevarse el dinero, retiraron los libros de contabilidad de la empresa donde constaban actividades ilícitas que involucraban a funcionarios del gobierno. La documentación fue entregada luego a un juez para que procediera judicialmente. También se veía con cierta simpatía el asalto a los supermercados y la posterior entrega de los alimentos en los cantegriles.
Pero los enfrentamientos con la policía, el copamiento de la ciudad de Pando y el secuestro de dirigentes políticos o diplomáticos extranjeros, le fue quitando apoyo de la población y provocó su aislamiento, incluso con respeto al resto de la izquierda. Entre los hechos más violentos se encuentran la voladura con explosivos de las fábricas de General Motors y Sudamtex y el asesinato del estadounidense Dan Mitrione, integrante de la CIA que asesoraba a la policía de Montevideo. Entre 1969 y 1971 se produce el momento de mayor dureza por el enfrentamiento a Jorge Pacheco Areco, quien había decidido “no negociar con delincuentes”.
A medida que el MLN-T fue creciendo en integrantes y extendiendo sus actividades se fue proponiendo nuevas formas de accionar. Tratando de poner en práctica las ideas de Ernesto Guevara sobre el “foquismo” (crear un “foco” revolucionario, o sea un territorio liberado donde la guerrilla pudiera gobernar y crear así gobierno revolucionario para contraponer al estado), se decidió llevar sus actividades al interior del país. Se creó el Plan Tatú consistente en crear refugios subterráneos desde donde operar con mayor cobertura (imitando lo realizado por los vietnamitas en su lucha contra EEUU).
El MLN-T fue el grupo armado más importante pero no el único. Aparecieron otras organizaciones que realizaron actividades de menor magnitud como la Organización Popular Revolucionaria (OPR-33) y el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO). Por su parte desde la derecha aparecieron grupos minoritarios que utilizaron la violencia contra militantes de izquierda: la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) y el Comando Caza Tupamaros.
LAS ELECCIONES DE 1971
Dos novedades importantes se producen en las elecciones de 1971. Una es el intento de la Unión Colorada y Batllista de reelegir a Jorge Pacheco Areco como presidente; para lograr la reelección era necesaria una reforma de la constitución la que se plebiscitó el mismo día del acto electoral. Por lo tanto quienes votaban a Pacheco también votaban por la reforma de la constitución y también tenían que votar por el otro candidato propuesto por la Unión Colorada y Batllista por si no salía la reforma de la constitución.
La otra novedad fue la unión de los grupos de izquierda y de sectores desprendidos de los partidos tradicionales para formar el Frente Amplio. A comienzos de 1971 la lista 99 de Zelmar Michelini y el Partido Demócrata Cristiano convocaron a otras fuerzas políticas para constituir un frente de partidos que llevara adelante cambios económicos y sociales. A esta convocatoria se adhirieron grupos y dirigentes de los partidos tradicionales (Alba Roballo, Francisco Rodríguez Camusso), el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Unión Popular de Enrique Erro y otros grupos de izquierda que se habían ido formando a fines de la década del 60. También participaban destacados intelectuales y figuras independientes como el periodista Carlos Quijano (director del semanario Marcha), el Dr. Juan José Crottogini, etc. El frente Amplio presentó como candidato a la presidencia al General retirado Liber Seregni que había sido jefe de la Región Militar Nº 1 y había renunciado por discrepancias con Pacheco.
En el Partido Colorado se presentaban los “pachequistas” con dos candidatos: Pacheco (si se aprobaba la reforma constitucional y salía la reelección) y Juan María Bordaberry (ex-integrante del ruralismo de Nardone). El Batllismo tenía dos candidatos: Jorge Batlle por la lista 15 y Amilcar Vasconcellos por los batllistas radicales.
En el Partido Nacional había dos candidatos con propuestas bien diferentes: Wilson Ferreira Aldunate con una propuesta reformista (“Nuestro compromiso con UD.”) que se acercaba a las propuestas de la izquierda y el Gral. Mario Aguerrondo con una propuesta conservadora y autoritaria cercana a la del pachequismo.

En las elecciones de noviembre de 1971 triunfó el Partido Colorado por un estrecho margen: 12 mil votos más que le P. Nacional. No alcanzaron los votos para reformar la constitución y Pacheco, a pesar de ser el candidato colorado más votado, no fue reelecto. El nuevo presidente era Juan María Bordaberry. La izquierda reunida en el Frente Amplio logró el 18% de los votos constituyendose en la tercera fuerza política del país. Se había roto el bipartidismo.



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